La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha urgido a los bloques progresista y conservador a llegar a un acuerdo para los nombramientos de los presidentes de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo antes del Pleno del CGPJ del 7 de mayo de 2025. Perelló ha forzado la discusión de este asunto en la agenda del Pleno, tras dos intentos fallidos, buscando evitar que estos nombramientos discrecionales queden pendientes por más tiempo.

Los bloques han retomado las negociaciones después del fracaso de la última tentativa en abril, pero las posiciones siguen divididas. El ala conservadora defiende los nombramientos de Andrés Martínez Arrieta para la Sala Penal y Pablo Lucas para la Sala Contencioso-Administrativa, mientras que el sector progresista aboga por Ana Ferrer y Pilar Teso. Aunque hubo un leve acercamiento, donde se planteó una alternativa con Martínez Arrieta y Teso en las salas correspondientes, los conservadores la rechazaron. Las negociaciones continuarán hasta el mismo Pleno.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender los plazos procesales en los órganos judiciales de toda España los días 28 y 29 de abril de 2025 debido al apagón eléctrico sufrido el día anterior. Esta suspensión no afectará a los actos procesales urgentes, inaplazables o aquellos relacionados con la tutela de derechos fundamentales, que podrán seguir celebrándose.

Cada órgano jurisdiccional evaluará si corresponde suspender vistas y otros actos procesales para el día de hoy. Además, la injustificada inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se considerará justificada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España alcanzará su compromiso de gastar el 2% del PIB en seguridad y defensa este mismo año, lo que supondrá una inversión adicional de 10.471 millones de euros. Este objetivo, originalmente previsto para 2029, se adelantará ante los desafíos geopolíticos y tecnológicos que enfrenta Europa.

El plan, aprobado en el Consejo de Ministros, refuerza la industria de seguridad y defensa y será enviado a la Unión Europea y a la OTAN. Sánchez detalló que el gasto se realizará sin subir impuestos, sin afectar al Estado del bienestar y sin generar más déficit público.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer tramo de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un total de 1.000 millones de euros para apoyar a empresas afectadas por las nuevas medidas arancelarias de la administración Trump. Esta medida forma parte del Plan de Recuperación y Relanzamiento y tiene como objetivo garantizar la liquidez de las empresas y apoyar proyectos de inversión en sectores perjudicados por los aranceles.

El total de la línea de avales asciende a 5.000 millones de euros, y se activan en dos modalidades: uno destinado a la liquidez de las empresas (750 millones de euros) y otro para nuevos proyectos de inversión (250 millones de euros).

La boutique de referencia en Derecho Administrativo y Contencioso-administrativo, Administrativando Abogados, ha superado sus previsiones para el primer trimestre de 2025, incrementando su facturación un 50% y mejorando su rentabilidad en un 23% respecto al mismo periodo del año anterior. En 2024, la firma superó los 1.5 millones de euros en facturación neta.

Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador, atribuye el éxito a su modelo de negocio innovador y su especialización en Derecho Administrativo, lo que les posiciona como líderes en el sector. La firma asesora a grandes empresas multinacionales, entidades públicas y fondos de inversión, y se ha destacado en casos de alto perfil mediático.

El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para evaluar esta semana la ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez sobre el recurso presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra parte de la reforma de la ley contra la "LGTBIfobia" en la Comunidad de Madrid, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El recurso impugna el apartado catorce ter de la Ley 18/2023, que modifica la Ley 3/2016 de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por orientación e identidad sexual. Este apartado regula quiénes pueden actuar como interesados en procedimientos administrativos relacionados con la protección de los derechos de las personas LGTBI. La reforma limita esta posibilidad, aunque en su versión original, la ley permitía que las asociaciones LGTBI y otras organizaciones de derechos humanos intervinieran sin necesidad de contar con el permiso explícito de las víctimas.

El Consejo General de la Abogacía ha entregado al Ministerio de Presidencia, a las comunidades autónomas y al Poder Judicial un decálogo de medidas para asegurar la implementación efectiva de la nueva Ley de Eficiencia. Salvador González, presidente del Consejo, destacó la necesidad urgente de constituir la comisión de calidad para supervisar la evolución de las estadísticas judiciales. Además, la Abogacía reclama su presencia permanente en el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica y una mayor colaboración institucional para garantizar una transición tranquila. En cuanto a la resolución de controversias, insiste en la compensación adecuada a los letrados y la confidencialidad del proceso negociador. También subraya la importancia de digitalizar los tribunales y garantizar la fiabilidad de las aplicaciones, evitando que la digitalización se convierta en una barrera para el acceso a la justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento General de actuaciones y procedimientos tributarios. Los cambios responden a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que extiende la deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia en guardería. Con ello, se obliga a los centros de educación infantil y guarderías a comunicar su autorización para operar, equiparándose a los centros educativos. Esta medida tiene como objetivo adaptar la normativa tributaria a la sentencia 8/2024 del Supremo, que reconoce el derecho de las madres trabajadoras a un incremento de hasta 1.000 euros en la deducción de maternidad por los gastos de guardería de menores de tres años. Además, se actualizan las obligaciones de suministro de información para las entidades financieras.

En 2024, el número de denuncias por violencia de género en España se mantuvo en cifras similares a las del año anterior, con un total de 199.094 denuncias, lo que representa una disminución mínima del 0,09% respecto a 2023. Las víctimas fueron 183.908, un descenso del 4,96%. En promedio, se registraron 544 denuncias y 502 víctimas al día, cifras ligeramente inferiores a las del año anterior. Las órdenes de protección dictadas fueron 33.247, un 6,5% menos que en 2023, mientras que las sentencias aumentaron un 3,32%, alcanzando las 62.173, con un 80,55% de fallos condenatorios. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74,2, con las tasas más altas en Baleares y Navarra, y las más bajas en Castilla y León y Galicia. Aproximadamente el 63% de las víctimas eran españolas.

Un informe interno del Tribunal Constitucional ha determinado que este órgano no puede impedir que otros tribunales, como la Audiencia de Sevilla, remitan cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La controversia se originó por la intención del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de frenar una posible consulta al TJUE sobre la interpretación del delito de malversación en el ‘caso ERE’. El informe, elaborado por una letrada experta en derecho comunitario y adscrita al magistrado César Tolosa, concluye que impedir a un tribunal inferior plantear una cuestión prejudicial podría suponer un incumplimiento del Derecho de la Unión. Este debate se generó después de que la Audiencia de Sevilla sugiriera llevar la cuestión al TJUE al considerar que el TC se había extralimitado en su interpretación de la ley.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado una subida del 8% en la remuneración de los abogados y procuradores del turno de oficio, aplicable con retroactividad desde el 1 de enero de 2025 en las comunidades bajo gestión estatal directa: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. La medida busca actualizar las compensaciones a estos profesionales y reforzar la calidad del servicio público de justicia para personas con menos recursos. El Consejo General de la Abogacía Española ha considerado el incremento como un avance relevante tras más de seis años de negociaciones, destacando el compromiso del Ministerio con una revisión continua de las retribuciones y la ampliación de actuaciones incluidas. Ambas partes prevén mantener un diálogo abierto para impulsar nuevas mejoras en el transcurso del año.

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad un informe crítico sobre el anteproyecto de ley que busca reformar y fortalecer las carreras judicial y fiscal. El órgano alerta que varias de las medidas planteadas podrían derivar en una “carrera a dos velocidades” y comprometer tanto la igualdad de acceso como la independencia judicial. Cuestiona el proceso extraordinario de estabilización de empleo por no cumplir los criterios de excepcionalidad exigidos por la jurisprudencia, así como el diseño de pruebas simplificadas que debilitarían la evaluación objetiva de conocimientos jurídicos.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado elevar al Consejo General del Poder Judicial una solicitud para prorrogar por seis meses más los refuerzos judiciales extraordinarios asignados a Torrent, Requena y Catarroja. Estas demarcaciones fueron las más afectadas por la DANA del 29 de octubre y, desde noviembre, cuentan con jueces sustitutos, letrados y funcionarios adicionales para retomar juicios y señalamientos suspendidos por las inundaciones.

La propuesta plantea que la prórroga, prorrogable nuevamente, comience el 11 de mayo, fecha en la que vence la medida vigente. El TSJCV considera indispensable continuar con el refuerzo para normalizar la actividad judicial en los partidos afectados.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado en el BOE la relación de puestos de trabajo para la primera fase de la nueva estructura judicial contemplada en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta transformación afecta a Juzgados de Paz, Oficinas Judiciales y registros civiles, marcando el inicio de la implantación de los tribunales de instancia.

Estos nuevos tribunales sustituirán a los más de 3.900 juzgados unipersonales, agrupándolos en 431 órganos colegiados, lo que, según el Ministerio, mejorará la eficiencia, la especialización y la coherencia judicial. La reforma incluye también nuevas oficinas judiciales que centralizarán recursos y las Oficinas de Justicia en los Municipios, destinadas a garantizar el acceso equitativo a la justicia en todo el país.

El acuerdo entre el Gobierno y Junts para transferir competencias migratorias a Cataluña ha abierto un debate jurídico sin precedentes que podría llegar al Tribunal Constitucional. Aunque la inmigración es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149 de la Constitución, el pacto se ampara en el artículo 150.2, que permite delegar facultades mediante ley orgánica si su naturaleza lo permite.

La futura ley contempla que Cataluña gestione los CIE y participe en la devolución de extranjeros, y que los Mossos d'Esquadra cogestionen la seguridad en puntos críticos con Policía Nacional y Guardia Civil. Juristas consultados advierten que el TC no tiene doctrina clara sobre este tipo de delegaciones y que, de llegar el caso, el debate se centrará en si dichas funciones son delegables por su propia naturaleza.

El Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de enero de 2025, ha reiterado que los gastos de comunidad y el IBI de una vivienda privativa corresponden al propietario, salvo que en la sentencia de divorcio se establezca lo contrario. En este caso, la exesposa, quien tenía el uso de la vivienda junto con sus hijas menores, reclamó que dichos pagos fueran tenidos en cuenta en la liquidación de la sociedad de gananciales.

El Tribunal estimó su recurso, concluyendo que, al no haberse establecido en el fallo de divorcio que ella debía asumir estos gastos, el exmarido, como único propietario, es quien debe pagarlos. Esta decisión sigue la jurisprudencia del Supremo, que diferencia entre obligaciones frente a la comunidad de propietarios y acuerdos internos entre excónyuges.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la custodia exclusiva de un menor a su madre y ha rechazado la solicitud del padre para un régimen de visitas, debido a su condena por violencia de género. La sentencia destaca que el progenitor fue sentenciado a 21 meses de prisión y 206 días de trabajos comunitarios por malos tratos habituales.

El tribunal subraya que el condenado no ha visto a su hijo desde los tres meses de edad, no ha demostrado interés en su bienestar y mantiene hábitos perjudiciales. Además, resalta la falta de pruebas sobre su rehabilitación o cumplimiento de penas. Ante esto, concluye que no puede garantizar un entorno seguro para el menor.

La decisión aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha rechazado la custodia compartida y el régimen de visitas para un padre condenado por maltratar a su expareja. El tribunal ha confirmado la decisión de un juzgado de primera instancia que otorgó la custodia exclusiva a la madre y aumentó la pensión alimenticia a 150 euros mensuales.

Los jueces destacaron que el progenitor fue condenado a 21 meses de prisión y trabajos comunitarios por violencia habitual, además de mantener hábitos tóxicos y desinterés por su hijo, al que no ha visto en tres años. Ante la falta de rehabilitación y la gravedad de su conducta, el tribunal concluyó que no reúne las condiciones para asumir un rol parental adecuado.

La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno de España actualizará el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, vigente desde hace casi 20 años. La ministra Elma Saiz anunció en Nueva York que el 10 de febrero comenzará el trámite de consulta pública, con el fin de adaptar la normativa a las necesidades actuales de los españoles residentes en el extranjero.

El Reglamento garantizará protección especial a los retornados en situaciones de emergencia y facilitará el regreso de talento científico e investigador. También impulsará el asociacionismo y mejorará la administración digital para agilizar trámites.

Se creará un Centro de Memoria de la Emigración Española y una Oficina de Retorno para asesorar a quienes deseen volver. Con casi tres millones de españoles en el extranjero, esta reforma busca atender mejor sus derechos y facilitar su integración si deciden regresar.

La CNMC ha sancionado a Endesa Energía y Naturgy Iberia con un total de 1,2 millones de euros por no incluir en sus facturas información obligatoria para los consumidores. La multa, inicialmente de 600.000 euros para cada compañía, se redujo a 840.000 euros tras el pago voluntario.

El organismo detectó que Endesa incluyó códigos QR mal parametrizados, mientras que Naturgy omitió dicho código en algunas facturas. Estos elementos son clave para que los clientes accedan al comparador de ofertas de la CNMC y a la herramienta ‘Entiende tu factura’.

El incumplimiento de estos requisitos constituye una infracción leve según la Ley del Sector Eléctrico. Ambas empresas pueden recurrir la resolución ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, estableciendo por primera vez un marco regulador para las relaciones entre los ‘lobbies’ y los cargos públicos de la Administración General del Estado.

La normativa define qué se considera un grupo de interés y el personal público susceptible de recibir influencia, además de crear un registro obligatorio y público gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses. Los ‘lobbies’ deberán inscribirse para poder ejercer su actividad, y se establecerá un código de conducta con un régimen sancionador.

Como novedad, se introduce el informe de huella legislativa, que documentará las interacciones entre los grupos de interés y los responsables de la toma de decisiones. Esta medida refuerza la transparencia y la rendición de cuentas en la elaboración de políticas públicas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado las comparecencias de 36 aspirantes a cinco plazas de magistrado especialista en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Estas entrevistas, que se desarrollan entre hoy y el jueves, permitirán a los candidatos defender su idoneidad ante la Comisión de Calificación.

Además, se llevan a cabo las audiencias para la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y las presidencias de las audiencias provinciales de Burgos, Álava, Guipúzcoa y Girona. Entre los aspirantes se encuentran actuales responsables que buscan renovar su cargo, como la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ andaluz, María Begoña Rodríguez Álvarez.

Estas entrevistas son un paso clave en el proceso de designación de magistrados y presidentes, con el objetivo de garantizar la idoneidad y méritos de los seleccionados.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que no puede imputarse un delito contra la Hacienda Pública cuando la deuda tributaria ya está prescrita antes del inicio de la investigación fiscal. La sentencia, del 7 de enero, refuerza el principio de legalidad y seguridad jurídica, estableciendo que la Administración Tributaria pierde su capacidad de determinación tras cuatro años, según el artículo 66 a) de la Ley General Tributaria.

La Abogacía del Estado recurrió la absolución previa del caso, pero el Supremo ratificó que una investigación fuera del plazo legal no puede generar responsabilidad penal. Además, el tribunal critica la pretensión de revertir una absolución sin pruebas suficientes que sustenten una nueva condena.

Este fallo refuerza la limitación del poder sancionador de Hacienda y consolida la doctrina de que la prescripción impide cualquier actuación penal sobre deudas fiscales fuera del plazo legal.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictaminado que las empresas de seguridad están obligadas a costear la renovación del permiso de armas y la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de sus vigilantes, incluyendo los exámenes médicos y psicotécnicos requeridos.

Según la sentencia, estos gastos forman parte de la formación y prevención de riesgos laborales, obligaciones que la empresa debe garantizar. Además, la normativa laboral establece que la capacitación necesaria para el desempeño del trabajo debe ser cubierta por el empleador, al igual que ocurre en otros sectores, como el transporte profesional.

El fallo responde a un conflicto colectivo y refuerza el derecho de los vigilantes de seguridad a recibir formación sin asumir costos adicionales, destacando que este beneficio también favorece a las empresas al contar con personal habilitado.

El Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imlcfc) ha implementado una guardia forense especializada en violencia sexual, la primera de su tipo en España. Operativa desde febrero, cubre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, ciudades con alta incidencia de casos urgentes, con cerca de 600 atenciones en 2023.

Este servicio asegura atención forense inmediata en hospitales tras una agresión sexual, activado por orden judicial. Un médico forense de guardia se desplaza al centro sanitario para realizar el reconocimiento, recoger pruebas y brindar atención integral a la víctima, disponible las 24 horas del día.

La iniciativa refuerza la perspectiva de género en la medicina forense y complementa medidas previas del Imlcfc, como la Unidad de Tráfico de Seres Humanos (2022) y las Unidades de Valoración Forense Integral (2023).

El Tribunal Supremo ha establecido que no puede existir delito contra la Hacienda Pública si la deuda tributaria imputada ya ha prescrito. En una reciente sentencia del 7 de enero, se confirma que cuando la Administración inicia una investigación sobre obligaciones fiscales prescritas, esta no puede derivar en responsabilidad penal.

El Supremo ratifica la absolución del caso y rechaza el recurso de la Abogacía del Estado, señalando que la prescripción administrativa, establecida en el artículo 66 a) de la LGT tras cuatro años, impide cualquier actuación sancionadora o investigadora posterior. Esta decisión refuerza la doctrina fijada en 2020, que limita la autonomía de la AEAT más allá del plazo legal.

El tribunal subraya que los principios de legalidad y seguridad jurídica impiden extender la potestad investigadora y sancionadora de Hacienda fuera del período fijado por la ley. Además, critica que se intente modificar un fallo absolutorio cuando ni siquiera se formuló una propuesta de liquidación válida en el caso analizado.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha condenado a la Consejería de Salud y a su aseguradora a indemnizar con 124.973,97 euros a la familia de un paciente fallecido tras una amigdalectomía en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. La sentencia establece que el paciente sufrió sangrados postoperatorios que no fueron atendidos adecuadamente, lo que derivó en una hemorragia fatal.

El tribunal señala que la asistencia médica prestada no fue conforme a la lex artis, pues los facultativos no adoptaron medidas para descartar un sangrado activo, a pesar de los avisos previos del paciente. Destaca que en el hospital había medios suficientes para evitar este desenlace.

La resolución subraya que la responsabilidad patrimonial sanitaria es objetiva y que, en este caso, la falta de una respuesta médica adecuada agravó la situación hasta hacerla irreversible. La sentencia impone también las costas del proceso a la Administración y su aseguradora, aunque admite recurso ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una madre a recibir la prestación familiar por cuidado de menores con enfermedades graves, pese a que su hijo, de 6 años, no requiera ingreso hospitalario prolongado. La sentencia establece que la atención médica intensiva en centros de día y el hogar, imprescindible para el tratamiento del menor, es equiparable a una hospitalización prolongada.

El niño, diagnosticado con parálisis cerebral infantil, asiste a diversas terapias y tratamientos semanales, siempre acompañado por su madre, quien redujo su jornada laboral al 50%. La prestación había sido inicialmente denegada por MC Mutual y anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Decreto Ley 20/2024, aprobado por el Consell, establece un marco excepcional para reconstruir municipios afectados por la DANA. La norma, que entra en vigor el 2 de enero de 2025, introduce mecanismos como planes especiales urbanísticos, proyectos de reconstrucción local y reglas de compatibilidad urbanística, promoviendo la adaptación de suelos para viviendas, infraestructuras y servicios.

La legislación permite reconstruir edificaciones dañadas incluso en suelos en situación de "fuera de ordenación" bajo un régimen simplificado de declaración responsable, exigiendo certificados adicionales en casos específicos. Además, las oficinas municipales podrán transformar suelos destinados a equipamientos en viviendas residenciales temporalmente, con la obligación de reequilibrar dotaciones en tres años.

Se suspenden procedimientos urbanísticos en suelos rurales catalogados como inundables hasta que se programen obras hidráulicas nacionales para mitigar riesgos. Las medidas incluyen retroactividad para validar acciones urgentes ya ejecutadas.

Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) insta al Gobierno a realizar una fuerte inversión para garantizar la implementación efectiva de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según Edmundo Rodríguez, portavoz de JJpD, la creación de tribunales de instancia, oficinas de justicia municipales y el impulso de medios alternativos de solución de controversias son avances necesarios, pero requieren recursos adecuados.

La asociación destaca la urgencia de aumentar el número de jueces, ya que el sistema enfrenta un "cuello de botella" por jubilaciones. También valora positivamente el fomento de soluciones extrajudiciales, lo que reduciría costos procesales y aliviaría la sobrecarga judicial. Además, las oficinas municipales acercarán la justicia a poblaciones sin juzgados.

JJpD subraya que la nueva ley permitirá una justicia más ágil y exigente, promoviendo acuerdos antes de acudir a los tribunales, incentivados por mecanismos de costas.

El Congreso ha aprobado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que será publicada pronto en el BOE. Este hito marca un antes y un después en la Administración de Justicia, centrado en modernización tecnológica, reorganización estructural y un enfoque más accesible y eficiente para la ciudadanía.

Entre los cambios principales destaca la creación de los Tribunales de Instancia, que sustituirán a los juzgados unipersonales. Con 431 nuevos tribunales colegiados, se busca especialización, unificación de criterios y una mejor gestión de recursos. Además, las Oficinas de Justicia en los Municipios facilitarán trámites telemáticos, eliminando la necesidad de desplazamientos a capitales.

En el ámbito procesal, se potencia el uso de métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), como mediación y arbitraje, reduciendo la carga de los juzgados sin comprometer derechos ni garantías. Este paso sitúa a la justicia española en el camino hacia la eficiencia y digitalización del siglo XXI.

En 2024, el Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, un cambio estructural significativo para modernizar y agilizar la justicia en España. El principal cambio es la creación de los Tribunales de Instancia, que sustituirán a los actuales juzgados unipersonales. Estos tribunales, de carácter colegiado, unificarán todos los juzgados de primera instancia en cada partido judicial, reduciendo los 3.800 juzgados a 431 y favoreciendo la especialización y unificación de criterios.

La reforma también introduce las Oficinas de Justicia en todos los municipios, que actuarán como puntos de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia, permitiendo realizar trámites telemáticos sin necesidad de desplazarse a las capitales. Además, se refuerzan los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), especialmente en los ámbitos civil y mercantil, para aligerar la carga judicial.

El BOE del 6 de noviembre publicó el Real Decreto-ley 6/2024, adoptando medidas urgentes para responder a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. El Real Decreto-ley entra en vigor el 7 de noviembre de 2024 y establece medidas de apoyo económico y social, con énfasis en la Seguridad Social.

Entre las principales disposiciones, se incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas afectadas, tanto en ERTE como en pagos directos, con plazos ampliados para el ingreso de cuotas. Se otorgan aplazamientos, moratorias y beneficios para los autónomos afectados, incluyendo el derecho a prestaciones por cese de actividad.

Además, se contempla la ampliación del ingreso mínimo vital y pensiones no contributivas para los beneficiarios en las zonas afectadas. La ley también suspende los plazos procesales en el orden social y permite la interrupción de plazos judiciales debido a la catástrofe.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la nueva Ley del Derecho a la Defensa, que entrará en vigor el 3 de diciembre de 2024. La norma, aprobada como Ley Orgánica, busca mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y reconoce el derecho a utilizar las lenguas cooficiales en todos los tribunales, incluidos el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Esto incluye la posibilidad de recibir comunicaciones judiciales en dichas lenguas, en las comunidades autónomas correspondientes.

La ley también amplía el derecho a la defensa en procedimientos alternativos como la mediación y el arbitraje, y asegura un lenguaje claro en todos los actos procesales. Además, regula la asistencia jurídica a través del turno de oficio, garantizando su accesibilidad universal y transparencia en los honorarios.

Un aspecto relevante es la posibilidad de suspender procedimientos judiciales por fuerza mayor, como enfermedades graves, fallecimientos o nacimientos, permitiendo a los abogados ajustar los calendarios procesales en situaciones excepcionales. La ley, inicialmente aprobada en abril de 2023, se reactivó tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

El Tribunal Supremo ha precisado los requisitos económicos para solicitar un visado de estancia para estudios en España. Según la sentencia de 20 de noviembre, el solicitante debe garantizar los medios económicos suficientes para cubrir los gastos de estancia y regreso, pero no necesariamente para el viaje inicial. En cuanto a los gastos de estancia, deben cubrir el 100% del IPREM, a menos que se demuestre que ya están abonados los gastos de alojamiento y manutención, que incluyen alimentación, vestido y transporte.

El Supremo aclara que los gastos de "estancia" incluyen más que solo el alojamiento en sentido estricto, como vivienda, y deben considerar también otros costos esenciales para la vida diaria, como la manutención y el transporte.

En cuanto al cálculo del IPREM, el Tribunal reafirma que no deben incluirse las pagas extraordinarias al calcular los fondos disponibles para la estancia. En el caso concreto, el Supremo considera que los recursos acreditados por el solicitante eran suficientes, y por ello, estima el recurso y concede el visado solicitado.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto un conflicto sobre la pensión alimenticia de una hija menor, incrementando la cantidad a 500 euros mensuales. El tribunal consideró que la situación económica del padre, que había cesado su actividad empresarial como pescadero debido a una enfermedad y a la espera de una operación de cadera, no fue suficientemente justificada.

Aunque el padre alegó dificultades por su salud, la Sala concluyó que no presentó pruebas claras sobre el cierre de su negocio, el cual continuaba generando ingresos antes de la baja. Además, la justificación del cese de su actividad no resultó convincente, dado que no existían pruebas de que su situación económica hubiera empeorado de forma significativa.

La decisión subraya que la falta de transparencia y la insuficiencia de pruebas perjudican el interés de la hija, lo que llevó a la Audiencia a elevar la pensión alimenticia de 200 a 500 euros, teniendo en cuenta que el padre, aunque actualmente inactivo, probablemente reanudará su actividad económica en el futuro cercano.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha declarado fija a una médica internista del Servicio Canario de Salud tras 18 años de contratación temporal en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La sentencia concluye que la concatenación de contratos temporales desde 2006 constituye un abuso en la contratación y fraude de ley.

El fallo, basado en jurisprudencia del TJUE, destaca que la afectada superó un proceso selectivo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, justificando así su condición de personal estatutario fijo. La Administración argumentó razones coyunturales para los contratos, pero el tribunal rechazó esta defensa, considerando injustificable la prolongada temporalidad.

El caso subraya la responsabilidad administrativa en evitar abusos laborales y plantea un precedente significativo para otros trabajadores en situaciones similares. La sentencia puede ser recurrida en apelación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la acumulación de procedimientos judiciales en nombre de una supuesta economía procesal puede vulnerar la tutela judicial efectiva, al impedir que los ciudadanos presenten sus propios argumentos. Este fallo se centra en un caso polaco relacionado con 8.000 recursos sobre la resolución del Getin Noble Bank, donde se buscaba agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, el TJUE subrayó que el derecho a un juicio individual debe prevalecer, instando a los jueces nacionales a garantizar tiempos razonables de resolución sin comprometer este principio.

Además, la sentencia aborda la independencia de las autoridades de resolución, destacando la necesidad de evitar conflictos de interés en casos como el de Getin Noble Bank. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad de entidades supervisoras en resoluciones bancarias pasadas, como las de Banco Popular y Bankia en España, resaltando la relevancia de garantizar estructuras independientes y transparentes.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha consolidado su posición como la asociación de jueces con mayor crecimiento en España durante 2024, alcanzando 933 miembros, 48 más que el año anterior. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 58% de los jueces y magistrados activos en España están afiliados a alguna asociación, destacando el impulso de la AJFV frente a la estabilidad o decrecimiento de otras.

En términos históricos, la AJFV es también la asociación que más ha crecido en los últimos 20 años, sumando 523 nuevos miembros desde 2004. En comparación, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque sigue siendo la mayoritaria con 1.412 integrantes, ha experimentado un aumento menor, mientras que otras asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han visto disminuir su base de afiliados. Este panorama refuerza el dinamismo y la influencia creciente de la AJFV dentro del ámbito judicial español.

Pérez-Llorca e IE Law School celebraron una jornada para analizar cómo las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, están transformando el sector asegurador. Durante el evento, expertos como Joaquín Ruiz Echauri, David González Gallardo y Raúl Rubio exploraron las implicaciones prácticas y regulatorias de la IA en las aseguradoras.

Se destacó que la IA está optimizando procesos como la tramitación de siniestros y la atención al cliente, pero también plantea desafíos éticos y legales. Los ponentes señalaron la importancia de una gobernanza sólida, la creación de comités éticos y la incorporación de figuras clave como el Chief Data Officer. Además, la regulación europea sobre IA, incluyendo el concepto de «IA de alto riesgo», implica responsabilidades mayores para creadores y aseguradoras en caso de daños. Esta evolución requerirá que el sector se adapte a nuevos marcos normativos y transforme sus productos para gestionar estos riesgos.

España ha perdido su recurso en los tribunales británicos para cobrar 855 millones de euros a la aseguradora London P&I Club por los daños causados tras el hundimiento del petrolero Prestige en 2002. El Tribunal de Apelación de Londres ha rechazado ejecutar la sentencia española, argumentando que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que favorecía la postura española, excedió su jurisdicción y no tiene vinculación en el Reino Unido.

El fallo contradice el dictamen del TJUE en 2022, que establecía que el arbitraje británico no podía bloquear la condena a la aseguradora. Sin embargo, los tribunales británicos mantienen una postura distinta, negándose a asumir responsabilidad en base a esas decisiones.

En España, el Tribunal Supremo ya había declarado culpables al capitán del buque y a la aseguradora, imponiendo indemnizaciones millonarias. Este último revés judicial complica aún más los esfuerzos del Estado español para recuperar la compensación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto que redefine el Derecho de Rectificación, adaptándolo al entorno digital y combatiendo la desinformación. Esta iniciativa, parte del ‘Plan de Acción por la Democracia’, busca proteger a los ciudadanos frente a bulos y noticias falsas, incluso extendiendo el alcance de la ley a influencers con gran audiencia. Según el ministro Félix Bolaños, la norma garantiza respuestas rápidas y accesibles, agilizando los procesos de rectificación en plataformas digitales y medios tradicionales.

Entre los cambios más relevantes, destaca la posibilidad de que familiares ejerzan el derecho tras el fallecimiento de un afectado, así como nuevas medidas para asegurar que la rectificación sea visible y vinculada a la información original. La normativa también introduce procedimientos más simples en el ámbito judicial, buscando frenar la proliferación de mentiras en el debate público y fortalecer la confianza en la información veraz, esencial para la democracia.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que busca impulsar la innovación financiera mediante tecnologías avanzadas, asegurando ciberresiliencia, estabilidad y seguridad en el sector. Destacan las siguientes medidas:

Ciberresiliencia: Aplicación del Reglamento DORA con sanciones y extensión de medidas a operadores de sistemas de pago.

Criptoactivos: Regulación bajo MiCA, ajustando normativas de blanqueo y registro de proveedores en la CNMV.

Tecnología DLT: Impulso para representar instrumentos financieros tradicionales como acciones y bonos.

Sandbox financiero: Simplificación del acceso, menor carga administrativa y visibilidad de proyectos.

Pagos instantáneos: Fomento de competencia, modernización de sistemas y supervisión por el Banco de España.

Información financiera: Creación del Punto de Acceso Único Europeo para estandarizar y digitalizar datos.

El paquete normativo actualiza directivas comunitarias, promoviendo la digitalización y confianza en el mercado financiero español.

El Consejo General de la Abogacía y plataformas mutualistas han pedido al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, replantear la gestión de las mutualidades desde los derechos constitucionales, conforme a los artículos 50 y 41, que garantizan pensiones dignas y actualizadas.

Durante una reunión en el Ministerio de Inclusión, representantes de la Abogacía, liderados por Ignacio Gally y Albert Sierra, ofrecieron informes de expertos que critican el enfoque asistencial actual. Destacaron como positiva la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, abriendo un debate parlamentario que consideran clave para una solución dialogada.

La DANA en Valencia ha generado riesgos laborales, suspensiones y posibles despidos. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ofrece orientación sobre derechos y responsabilidades:

¬Interrupción de Actividad: Los trabajadores pueden detener su actividad si hay riesgo grave. Si la empresa no actúa, los representantes pueden acordar la paralización.

¬ERTEs por Fuerza Mayor: Permiten la suspensión de contratos o reducción de jornada. La empresa debe notificar oficialmente a los trabajadores.

¬Despido Colectivo: Puede ocurrir por fuerza mayor, siguiendo un procedimiento específico. Es importante consultar sobre derechos de indemnización.

¬Permiso Retribuido: Se permite hasta cuatro días de permiso por fuerza mayor.

¬Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Las empresas deben implementar políticas de RSC para apoyar el bienestar de los trabajadores y facilitar la recuperación.

En el II Congreso Internacional de Sostenibilidad de la World Compliance Association, Isabel Tocino, vicepresidenta de Banco Santander, destacó el desafío de la industria automotriz europea, que enfrenta una competencia feroz con China en la producción de coches eléctricos. Las estrictas regulaciones de sostenibilidad de la UE ponen en desventaja a empresas como Volkswagen, que evalúa cerrar fábricas. Tocino enfatizó la necesidad de una regulación balanceada que permita sostenibilidad sin sacrificar competitividad.

Durante el congreso, expertos discutieron el auge de la sostenibilidad como factor decisivo en la gestión empresarial, el impacto de la IA en la reducción de la huella de carbono, y el papel de los profesionales de ESG en el cumplimiento normativo. Además, se subrayó la creciente litigiosidad climática y la importancia de la IA en la eficiencia energética, mientras se alertaba sobre su impacto medioambiental en su entrenamiento y uso.

El Patronato de la Fundación ICAM Cortina, en representación de la abogacía madrileña, aprobó un plan de actuación para 2025 con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros destinado a fortalecer la acción social y cultural. Eugenio Ribón, presidente de la Fundación, subrayó el compromiso de crear una comunidad de apoyo para los colegiados, enfocándose en su bienestar integral.

Las prioridades para 2025 incluyen el refuerzo del Fondo de Solidaridad, nuevas ayudas para colegiados vulnerables, y la ampliación del Programa Bienestar, con un Observatorio del Bienestar para estudiar la salud mental de los abogados. Además, se expandirá la red de voluntariado a 2,000 abogados, y se fortalecerán iniciativas de apoyo social y cultural, como torneos y actividades intergeneracionales. La Fundación busca así consolidar un impacto social duradero y promover el sentido de comunidad en la abogacía madrileña.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia 289/2024, resolvió que la aseguradora de un médico fallecido por COVID no debe indemnizar a su esposa, beneficiaria del seguro. Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia falló a favor de la indemnización, al considerar que el contagio ocurrió en su labor como médico.

Sin embargo, la Audiencia revocó esta decisión, considerando que el contagio por contacto no se clasifica como "accidente" según el art. 100 de la LCS ni las definiciones de la póliza, que cubre solo lesiones causadas por una "acción violenta y súbita". Además, el seguro excluye "enfermedades" y define "accidente" como pinchazos o inoculaciones, no contagios por contacto.

La Audiencia Provincial de Málaga ha concedido una indemnización de 3.000 euros por daño moral a un ciudadano detenido injustamente, tras pasar una noche en el calabozo y ser conducido al Juzgado engrilletado. La decisión, emitida el 30 de mayo, destaca que, aunque el ciudadano opuso resistencia al arresto, este no participó en las peleas que motivaron la intervención policial, habiéndose demostrado que la sangre en su camiseta era resultado de su intento de separar a otros.

El tribunal rechazó las declaraciones contradictorias de los policías al no tener valor probatorio superior. En la resolución se menciona el sufrimiento moral del denunciante debido a la privación de libertad, golpes recibidos y humillación al ser procesado, factores que sustentaron la compensación económica y establecieron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El Consejo de Ministros aprobó la distribución del Fondo de Bienes Decomisados, financiado con bienes incautados en casos de narcotráfico. Este fondo, gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, financia programas para la prevención, lucha y asistencia relacionados con las drogas.

Para 2024, de los 20 millones asignados, 11 millones fueron destinados a la reducción de la demanda, repartidos entre comunidades autónomas, corporaciones locales y proyectos internacionales. Los 7,6 millones restantes se enfocaron en el control de la oferta, distribuidos entre el Ministerio del Interior, la AEAT, la Fiscalía Antidroga y otros organismos.

La CNMC dictaminó que exigir licencias para puntos de recarga eléctrica vulnera la LGUM, siendo suficiente una declaración responsable. Murcia, en cambio, puede condicionar el precio de recarga en espacios públicos para favorecer al usuario. En servicios técnicos, la CNMC pidió archivar un recurso contra Castilla-La Mancha y exigió a la SETID admitir proyectos de ingenieros industriales, amparada en jurisprudencia del Tribunal Supremo. La CNMC también consideró desproporcionada la exigencia de formación específica en Murcia y la limitación de Madrid y Castilla y León sobre quién puede firmar ciertos proyectos. En fibra óptica, Asturias denegó permisos sin justificación, lo que la CNMC cuestiona.

El Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suances, presentó al Parlamento gallego la memoria de 2023, que evidencia un incremento del 12% en los delitos contra la mujer y los delitos informáticos. También se registró un aumento general del 2% en la criminalidad, siendo comunes delitos como lesiones, robos y hurtos.

Suances subrayó que los delitos de violencia contra la mujer son prioritarios y animó a las víctimas a denunciar. En 2023 se registraron tres feminicidios en Galicia, un aumento respecto a 2022. Además, alertó sobre el aumento de los delitos informáticos, que también crecieron un 12%, y prevé que esta tendencia continúe.

En el II Congreso Internacional de Sostenibilidad, organizado por la World Compliance Association en Madrid, Cristina Retana de Aranzadi LA LEY destacó el nuevo reglamento europeo de IA como un paso crucial para el desarrollo sostenible de esta tecnología. Según Retana, este marco normativo refuerza la sostenibilidad como pilar fundamental en el desarrollo de herramientas de IA.

Isabel Tocino, vicepresidenta del Banco Santander, alertó sobre la competitividad de las empresas europeas en el sector de los coches eléctricos frente a China, dado el impacto de las regulaciones ambientales. Por ello, planteó la necesidad de equilibrar sostenibilidad y competitividad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el informe "Internet seguro por defecto para la infancia y el papel de la verificación de edad", que aborda la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Internet sin comprometer la privacidad de todos los usuarios. El informe analiza el cumplimiento de los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normativas enfocadas en la protección de menores.

Las asociaciones judiciales han expresado su "profunda preocupación" ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y las mutuas que proporcionan asistencia sanitaria a los miembros de la carrera judicial y sus familias. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) alertaron que la falta de licitación de estos servicios podría dejar sin cobertura sanitaria a los beneficiarios de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

La Universidad de Granada organizó las Jornadas Internacionales sobre los desafíos jurídicos de la IA, donde se discutieron temas clave relacionados con la sostenibilidad, la transparencia de los algoritmos y el uso de herramientas de IA en el ámbito judicial.

Durante la primera mesa, Rosana Montes Soldado destacó la importancia de adoptar medidas éticas y sostenibles en el uso de la IA para mitigar su impacto ambiental. En la segunda mesa, se abordó la necesidad de transparencia en los algoritmos públicos, con énfasis en la protección de derechos fundamentales. Finalmente, Alfonso Peralta recalcó la importancia de integrar lo humano y lo digital en los sistemas de IA judiciales, destacando los principios de la Carta Ética Europea.

El Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado que los juzgados de violencia sobre la mujer gestionen todos los delitos relacionados con la violencia económica, garantizando asistencia jurídica inmediata y gratuita a las víctimas. Durante las XII Jornadas de Abogados de Violencia de Género, se subrayó la importancia de reconocer la violencia económica como un tipo específico de violencia de género. Además, se destacó la necesidad de ampliar la definición de violencia vicaria y se rechazó la comarcalización de los juzgados especializados. También se pidió proteger a mujeres españolas migrantes víctimas de violencia, solicitando recursos adecuados para prestarles asistencia jurídica.

La International Bar Association (IBA) se ha unido al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre la Inteligencia Artificial (IA), el primer tratado internacional legalmente vinculante para regular la IA. Este convenio busca asegurar que los sistemas de IA respeten los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la IBA, subrayó la importancia de que abogados y colegios promuevan su adopción. Esta adhesión sigue el informe "The Future is Now", en el que la IBA y el CAIDP remarcan el papel clave del sector legal en la gobernanza de la IA, garantizando transparencia y equidad en el uso de esta tecnología.

El Consejo General del Notariado trabaja en relanzar la plataforma Iber@, que facilita el intercambio de documentos oficiales entre países iberoamericanos. La plataforma conecta a operadores de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), promoviendo la colaboración entre jueces, fiscales y autoridades judiciales. Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, destacó que Iber@, creada en 2004, fue revitalizada en 2019 con el Tratado de Medellín. La plataforma es segura, comparada con el sistema del Banco de España, y ayuda en procesos como extradiciones y operaciones contra el blanqueo de capitales. Además, se planea desarrollar una app móvil para mejorar la seguridad y eficiencia.

El artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (29/94) regula el desistimiento en contratos firmados por un solo cónyuge o conviviente. Si el arrendatario no comunica el desistimiento, el cónyuge o pareja puede continuar el contrato si avisa al arrendador dentro del plazo establecido. Si no, el contrato se extingue. El arrendador puede solicitar la voluntad del cónyuge, pero no está obligado. Si el contrato fue firmado por ambos cónyuges, uno no puede desistir unilateralmente sin novación del contrato. Existe jurisprudencia que acepta excepciones, permitiendo que un coarrendatario se desvincule bajo ciertas condiciones.

En la propiedad horizontal, todos los propietarios deben pagar los gastos comunes según el art. 9.1.e) de la LPH, incluso si no utilizan ciertos servicios o su propiedad está desocupada, salvo que existan exoneraciones específicas en los estatutos o un acuerdo de la comunidad. La jurisprudencia ha declarado nulas las cláusulas que eximen a los promotores del pago de estos gastos hasta la venta de los inmuebles. Los propietarios no pueden dejar de pagar unilateralmente por no utilizar elementos comunes, y en algunos casos deberán contribuir, aunque no puedan acceder a ciertos servicios, como ascensores, de acuerdo con su cuota de participación.

Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, los progenitores deben organizar el tiempo de sus hijos, especialmente si están separados. El acuerdo sobre las vacaciones suele incluirse en el convenio regulador aprobado por el juez, siempre que no sea perjudicial para los hijos o alguno de los cónyuges.

Si no se llega a un acuerdo, la autoridad judicial puede intervenir para fijar las vacaciones. En caso de cambios en las circunstancias, se puede modificar el convenio judicialmente. La mediación familiar es una alternativa rápida para resolver desacuerdos.

El reparto de las vacaciones puede variar según la edad de los menores, desde quincenas para los más pequeños hasta periodos más largos para los adolescentes. En situaciones donde el progenitor debe trabajar durante las vacaciones, se puede buscar ayuda externa o familiar, lo que puede implicar gastos extraordinarios si ambos padres lo acuerdan.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 556/2024, resuelve la controversia sobre la reclamación de un excónyuge que pagó con dinero propio un préstamo ganancial tras la disolución del régimen matrimonial. El Tribunal analiza si dicho crédito puede incluirse en la liquidación de los bienes gananciales o si debe reclamarse en un proceso independiente. Finalmente, se concluye que el cónyuge que pagó la deuda es acreedor de la sociedad de gananciales, y su crédito puede incluirse en el pasivo de la misma, conforme al artículo 1398 del Código Civil, siendo la vía más adecuada la liquidación dentro de la sociedad postganancial.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declaró nulo el despido de un trabajador que, tras anunciar que sería padre, fue despedido seis meses antes del nacimiento de su hija. Aunque en primera instancia no se consideró discriminación, el tribunal superior lo revocó al observar la relación temporal directa entre el anuncio y el despido. El fallo señala que la discriminación por paternidad es igualmente válida, aunque generalmente protege a las mujeres embarazadas. La empresa incurrió en una discriminación prohibida, con un fuerte indicio entre el anuncio de paternidad y el despido, lo que llevó a declarar la nulidad del despido.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que otorga mayores derechos y seguridad a las 367,900 empleadas del hogar en España, de las cuales más del 95% son mujeres. Entre las medidas, destacan los reconocimientos médicos gratuitos y el derecho a formación durante la jornada laboral, gestionado por el SEPE. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, subrayó que esta norma salda una "deuda histórica" con este colectivo. También se introducen herramientas gratuitas para la evaluación de riesgos laborales y un protocolo contra el acoso, sin costos adicionales para las familias empleadoras.

La Fiscalía investiga mensajes de odio y falsos en redes sociales que atacan a menores migrantes tras el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. Estos mensajes buscan generar odio y discriminación contra menores extranjeros sin familiares en España. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, condenó a quienes propagan estas falsedades, calificándolos de crueles y peligrosos, y pidió que actúen con humanidad, dado que tales mensajes pueden incitar violencia contra personas inocentes. La investigación se centra en la importancia penal de estos mensajes y su impacto en la convivencia social.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de mejorar la asistencia jurídica gratuita en una reunión con el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González. Según un comunicado del Ministerio, Bolaños recordó que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está actualmente en tramitación, habiendo concluido el plazo de audiencia pública en julio.

Ambas partes acordaron colaborar en la elaboración de esta normativa, que busca atender las demandas del colectivo de abogados y mejorar las condiciones de quienes prestan este servicio público, actualizando los baremos aplicables. Además, Bolaños subrayó la intención de continuar la colaboración con el CGAE, como se hizo durante el mandato de la anterior presidenta, Victoria Ortega, cuando se impulsó la Ley del Derecho de Defensa.

El próximo 19 de septiembre, veintinueve ministros de Justicia de países de habla hispana y portuguesa se reunirán en Tenerife con el objetivo de fortalecer la cooperación jurídica internacional. Este evento estará presidido por el Rey Felipe VI de España y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, ha destacado la importancia de este encuentro para avanzar en la digitalización de las relaciones jurídicas entre los países participantes. Según Bolaños, España se siente honrada de ser anfitriona de esta reunión, que es la segunda de su tipo tras la celebrada en octubre de 2021.

El 1 de septiembre de 2024, entrará en vigor una modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluye una transferencia parcial de competencias al Tribunal General y cambios en el mecanismo de recursos de casación. Esta reforma busca aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia y mejorar la eficiencia en la interpretación del Derecho de la UE.

El primer estudio sobre salud mental de la abogacía madrileña, elaborado por el Colegio de la Abogacía de Madrid, revela que el 60% de los abogados en Madrid sufren ansiedad, y casi la mitad padecen fatiga y pensamientos deprimentes. Este estudio busca sensibilizar sobre la salud mental en la profesión, tradicionalmente reticente a abordar abiertamente los efectos del estrés y la falta de desconexión.

El informe muestra un cambio en la percepción hacia la salud mental, especialmente entre mujeres y jóvenes, quienes son más abiertos a discutir estos temas. Sin embargo, aún persisten temores sobre el impacto negativo en sus carreras al hablar de problemas de salud mental.

Los principales factores que afectan el bienestar de los abogados incluyen la incapacidad para desconectar del trabajo, la presión de largas horas laborales, y la falta de reconocimiento. Esta situación ha llevado a muchos a considerar cambiar de profesión o tomar un descanso.

La Junta Arbitral del Concierto Económico del País Vasco ha resuelto un conflicto entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Hacienda Foral de Navarra sobre el domicilio fiscal de una empresa de instalaciones eléctricas. La Junta determinó que, aunque la empresa tiene su domicilio social en Andoain (Gipuzkoa), la gestión administrativa y dirección de sus negocios se centraliza en Alsasua (Navarra). La resolución se basa en que el administrador único, el representante, los apoderados, y las operaciones bancarias y notariales se ubican en Navarra. Además, toda la documentación relevante se envía a Alsasua, y no hay evidencia de gestión administrativa en Gipuzkoa. La Junta concluye que, en este caso, el domicilio fiscal y el lugar de gestión administrativa coinciden en Navarra, no en Gipuzkoa.

En un caso de divorcio, el Tribunal Supremo ha revocado la decisión de la Audiencia Provincial que otorgaba la custodia de las hijas al padre pero mantenía a la madre en el uso de la vivienda familiar. Según el Supremo, la asignación del uso de la vivienda debe considerar el interés de las menores y no depende de una solicitud específica del padre. Dado que las hijas necesitan el hogar familiar para su bienestar, el Tribunal otorgó el uso de la vivienda al padre y las hijas hasta que estas alcancen la mayoría de edad. Esta decisión asegura un entorno estable y adecuado para las menores, priorizando su interés sobre otros factores.

El 19 de septiembre, Tenerife acogerá a 29 ministros de Justicia de países de habla hispana y portuguesa para fortalecer la cooperación jurídica. La reunión será presidida por el Rey Felipe VI y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Se presentarán dos proyectos tecnológicos, Iber@ e Iberfides, que facilitan la colaboración segura entre autoridades judiciales. Estos avances buscan modernizar la justicia con la digitalización como elemento clave.

En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha modificado su doctrina al declarar que la pensión por gran invalidez es incompatible con el trabajo a tiempo completo, incluso en casos como el de un trabajador de la ONCE. La sentencia aclara que las "actividades compatibles" con esta pensión deben ser de índole accesoria, marginal, o limitada, y no labores que impliquen inclusión en el sistema de Seguridad Social.

El Tribunal sostiene que las prestaciones de incapacidad permanente tienen como objetivo sustituir la pérdida de ingresos laborales debido a la incapacidad. Si un trabajador sigue obteniendo ingresos a través de un trabajo, no se justifica la necesidad de la pensión, ya que no existe una pérdida real de ingresos. Además, se plantea la necesidad de revisar el sistema de incapacidades para fomentar la reinserción laboral de las personas con discapacidades, potenciando sus capacidades sin depender de prestaciones incompatibles con el trabajo.

La Ley Orgánica 2/2024, publicada el 2 de agosto, fortalece la representación paritaria de mujeres y hombres en sectores decisorios clave en España, superando los avances de la Ley Orgánica 3/2007. La ley modifica normas como la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Mercados de Valores, imponiendo a las empresas cotizadas la obligación de asegurar un mínimo del 40% del sexo menos representado en sus consejos de administración. También amplía estos requisitos a entidades de interés público y regula la presencia equilibrada en altos cargos. Se establecen sanciones para el incumplimiento de estas obligaciones, y se prevén fechas escalonadas de entrada en vigor, dependiendo del tipo de entidad y su capitalización bursátil. La ley también traspone la Directiva (UE) 2022/2381, promoviendo la igualdad de género en toda la economía.

La indemnización recibida por un trabajador debido a un pacto de no competencia, parte de la cual se devengó durante el contrato laboral y otra parte de manera poscontractual, se considera un rendimiento del trabajo a efectos del IRPF. Estos rendimientos se imputan al período impositivo en que la resolución judicial que reconoce el derecho al cobro adquiere firmeza. Si los rendimientos tienen un período de generación superior a dos o cinco años, pueden integrarse en la base imponible al 60% o 50%, respectivamente, con un límite anual de 300.000 euros. Esta imputación no aplica cuando la controversia judicial solo afecta al impago y no a la determinación del derecho o cuantía del cobro.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado el despido disciplinario de una auxiliar asistencial por permitir la administración de un tranquilizante no prescrito a una residente sin consultar al personal sanitario. El incidente ocurrió el 15 de marzo de 2023, cuando un compañero de la auxiliar administró el medicamento sin autorización. La auxiliar, pese a tener conocimiento de las normas internas, no informó al personal sanitario ni detuvo la acción. El TSJPV considera que la conducta de la trabajadora constituye una desobediencia grave, poniendo en riesgo la salud de la residente, lo que justifica el despido.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que, aunque la libertad de expresión de los abogados en defensa de sus clientes está reforzada, no es ilimitada. En su sentencia 1217/2024, de 8 de julio, el Supremo confirmó la sanción a un abogado que, en un escrito procesal, vinculó gratuitamente a la parte contraria con antecedentes penales y denuncias previas, sin relación con la defensa de su cliente. El tribunal subrayó que las expresiones utilizadas deben estar justificadas dentro del contexto del litigio y no pueden convertirse en descalificaciones gratuitas. El respeto mutuo en el ámbito procesal es esencial, y cualquier expresión que se desvíe de este principio puede ser sancionada.

La Abogacía Española ha instado al Gobierno a abordar de manera urgente la situación de los mutualistas alternativos que enfrentan pensiones incompatibles con una jubilación digna. En una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente del Consejo General, Salvador González, solicitó incluir a todos los mutualistas afectados en el reciente acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos para mejorar el acceso a las pensiones. González argumentó que la cuestión debe abordarse en términos de derechos constitucionales, como lo señalan diversos informes técnicos. El Gobierno ha prometido una propuesta en los próximos meses, mientras los grupos parlamentarios han presentado enmiendas para establecer un plazo cerrado que garantice una solución legislativa.

La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, busca garantizar la representación efectiva de mujeres en decisiones políticas y económicas, superando la Ley Orgánica 3/2007. Modifica leyes clave, como la Ley de Sociedades de Capital, para asegurar un 40% de representación del sexo menos representado en consejos de administración de entidades cotizadas y de interés público. Las empresas deberán ajustar sus procesos de selección y reportar en sus informes de sostenibilidad. También se establecen sanciones para el incumplimiento de estas normas. La entrada en vigor será progresiva: para las principales sociedades cotizadas en 2026, y para otras entidades hasta 2029.

El Juzgado de lo Social nº 2 de Ciudad Real ha ordenado a un empresario pagar 2.500 euros a una trabajadora por vulnerar su derecho al honor y a la dignidad. La condena se basa en la campaña de desprestigio realizada por el empresario durante la baja médica de la empleada, quien había sido diagnosticada con una enfermedad común. El empresario realizó comentarios injuriosos frente a la trabajadora, cuestionando la veracidad de su incapacidad y difamando su reputación ante colegas, proveedores y clientes. A pesar de alegar dificultades económicas y un incidente aislado, el tribunal determinó que sus acciones afectaron significativamente la reputación de la empleada, constituyendo una vulneración de sus derechos fundamentales.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la sentencia de primera instancia que condenó al demandado a pagar los honorarios al despacho de abogados por su trabajo en la reclamación de una indemnización por accidente laboral. El despacho obtuvo una oferta de 24.556,08 euros de la aseguradora, la cual fue aceptada por el cliente mediante comunicación explícita. Aunque el cliente luego cambió de abogado y obtuvo una indemnización superior, la Sala concluyó que el despacho había cumplido su encargo y que el pacto de cuota litis acordado es aplicable. Se destacó que el cliente no solicitó tiempo para decidir ni una segunda opinión, aceptando la oferta y, por tanto, el despacho tiene derecho a sus honorarios acordados.

En abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) demandó a EasyJet Handling Spain, exigiendo que se entreguen recibos individuales de retribuciones ("nóminas claras") detallando todos los conceptos, incluyendo atrasos y variables vacaciones. La demanda subraya que los trabajadores deben recibir nóminas que identifiquen claramente el origen, concepto, unidades, y valor de cada abono, garantizando la transparencia salarial y el derecho a reclamar en caso de disconformidad. La empresa deberá adaptar su software para cumplir con estos requisitos, dado que es responsabilidad del empleador proporcionar información detallada sin requerir acciones adicionales por parte de los empleados.

Con la nueva orden se suprime el modelo 037 de Declaración censal simplificada, mientras se introducen modificaciones en los modelos 030 y 036. El modelo 036 incorporará una nueva página para identificar titulares reales y una casilla para la rehabilitación del NIF en entidades en liquidación. Además, se mejorarán los avisos informativos a través de teléfono y correo electrónico. Las modificaciones se aplicarán a partir del 3 de febrero de 2025. La supresión del modelo 037 responde a la evolución tecnológica y a la mejora en los servicios de asistencia al contribuyente, que ahora se gestiona a través del modelo 036.

Salvador González Martín ha sido investido como noveno presidente del Consejo General de la Abogacía Española en una ceremonia celebrada en el Senado. González, quien también es decano de la Abogacía de Málaga, se enfocará en mejorar las condiciones del turno de oficio y asegurar pensiones dignas para los mutualistas. En su discurso, destacó la importancia de la abogacía en el Estado de Derecho y prometió fomentar la transparencia y un diálogo abierto con los profesionales. Victoria Ortega, su predecesora, le despidió elogiando sus capacidades y llamando a un retorno al diálogo constructivo.

El Tribunal Constitucional revisará esta semana los recursos de cinco excargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE. Se espera que la mayoría progresista del Pleno apruebe la exoneración parcial de la malversación para algunos de ellos. La vicepresidenta Inmaculada Montalbán propone reducir las condenas de Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo, excluyendo ciertos actos de malversación y ajustando sentencias previas. Los recursos de otros exconsejeros, incluyendo a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, serán revisados el 16 de julio.

El CGPJ ha presentado un informe que recomienda convocar 350 plazas de juez/a anuales durante los próximos diez años para cubrir vacantes por jubilación, fallecimiento y renuncia. Basado en proyecciones, el plan estima que en 2033 habrá 2.096 vacantes y 6.554 unidades judiciales, con una plantilla de 4.458 jueces/as y magistrados/as. Se proyecta también la creación de 70 nuevas plazas judiciales cada año, buscando garantizar un adecuado servicio público de la Justicia.

El artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que solo los propietarios al corriente de pago pueden impugnar acuerdos comunitarios, salvo que estos acuerdos se refieran a la modificación de cuotas de participación del artículo 9. Esta excepción ha sido ampliada por el Tribunal Supremo, permitiendo impugnar también acuerdos sobre la exoneración de gastos o cambios en el sistema de reparto de estos. No obstante, no incluye acuerdos sobre derramas, presupuestos, o liquidaciones de deudas individuales. Por lo tanto, un propietario moroso puede impugnar solo si el acuerdo afecta directamente a las cuotas de participación o al sistema de reparto de gastos comunitarios.

Con la llegada del verano, el uso de la piscina comunitaria se convierte en un tema relevante y potencialmente conflictivo. En principio, todos los propietarios tienen derecho a utilizar este servicio común, salvo excepciones establecidas en el Título Constitutivo o los estatutos. Las normas de uso y posibles limitaciones deben ser acordadas en Junta de propietarios. Esto incluye regular el acceso de empleados y amigos de los propietarios, así como el uso conjunto por inquilinos y propietarios. En casos de morosidad, la Junta puede privar temporalmente el acceso a la piscina. Cada comunidad debe establecer normas claras y métodos para asegurar su cumplimiento, evitando conflictos y garantizando un uso equitativo y ordenado de este valioso recurso.

A un año de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, evaluamos si ha mejorado el acceso a viviendas dignas. La ley, aprobada en mayo de 2023, prometía un mercado de alquiler accesible, pero su implementación ha sido desafiante debido a la descentralización de competencias. Las prórrogas de arrendamiento y límites de renta han tenido poco efecto, y la oferta de viviendas en alquiler ha disminuido, con precios en aumento. El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la vivienda, aunque ha declarado inconstitucionales algunos artículos. En resumen, la ley no ha logrado mejorar significativamente el mercado de alquiler, necesitando más incentivos para aumentar la oferta de viviendas.

La sentencia del Tribunal Supremo (TS), Sala Primera, de lo Civil, 556/2024, de 24 de abril, resuelve sobre la inclusión de pagos realizados por un excónyuge con dinero privativo para liquidar deudas gananciales tras la disolución del régimen. El caso involucra un matrimonio bajo el régimen de gananciales que se disuelve en marzo de 2010. Tras la disolución, el exesposo pagó íntegramente un préstamo personal ganancial pendiente de 13,000€ con dinero propio. El Tribunal Supremo establece que dicho crédito puede incluirse en el pasivo de la sociedad de gananciales durante la liquidación, amparado en el artículo 1398.3.ª del Código Civil, permitiendo al exesposo reclamar la mitad del importe abonado.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2024. Su aplicación será gradual, con la mayoría de sus disposiciones activándose el 2 de agosto de 2026. Este reglamento categoriza los niveles de riesgo de los sistemas de IA, prohibiendo aquellos con riesgos inasumibles, como el reconocimiento facial y la manipulación de comportamiento, salvo excepciones estrictas. También establece regulaciones para sistemas de alto riesgo, como los que influyen en elecciones, y prevé sanciones de hasta 35 millones de euros. La normativa busca equilibrar la seguridad y los derechos fundamentales sin perjudicar la competitividad europea.